La Constitución Española es la norma jurídica suprema del ordenamiento jurídico del Estado español por lo que regula dichos aspectos para todos sus ciudadanos.
Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades no discriminación y accesibilidad universidad de las personas con discapacidad y de otras normas.
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
Tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en los términos establecido en las leyes, mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas y la garantía por la Administración General del Estado de un contenido mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio del Estado Español.
La Ley 2/2007, de 27 de marzo, de derechos y servicios sociales.
Recoge este servicio entre el contenido mínimo que debe incluir la Cartera de Servicios Sociales y recoge lo siguiente al respecto del mismo en el apartado 7 de su Art. 27.1: 7) Servicio de Centro de Día. Ofrece una atención integral especializada durante el periodo diurno a las personas con el objetivo de mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a las familias o cuidadores. En particular, cubre las necesidades de asesoramiento, prevención, rehabilitación, orientación para la promoción de la autonomía, habilitación o atención asistencial y personal. El perfil de limitaciones y edades de las personas usuarias determinarán la existencia de Centros con diferente nivel de cuidados y de especialización.
Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla La Mancha que concibe los servicios sociales como un derecho de ciudadanía y por ello avanzar en la regulación de derechos es un necesidad a la que esta norma pretende dar respuesta, estableciendo también las obligaciones de las personas usuarias de los servicios sociales. Igualmente esta Ley establece nuevos criterios de eficiencias y eficacia y orienta la planificación, la gestión y la prestación de los servicios sociales a la atención de las necesidades de las personas, entendidas no sólo desde su cobertura básica, la participación y la promoción social.
Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El objetivo de esta Ley es imprimir este nuevo impulso para alcanzar el objetivo de adecuación concreta de la regulación en materia de discapacidad a las directrices marcadas por la Convención, recogiéndose las pertinentes adaptaciones en su articulado.
Ley 7/2014. De 13 de noviembre, de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Castilla La Mancha.
La presente tiene por objeto: a) Garantizar la igualdad de oportunidades y efectividad de los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad en Castilla La Mancha, orientando la promoción de los poderes públicos a la promoción y atención de su bienestar, la mejora significativa de su calidad de vida personal y familiar, el fomento de su autonomía personal e inclusión social en todos los ámbitos de su vida. b) Eliminar y corregir toda forma de discriminación en los sectores público y privado. c) Asegurar la transversalidad del principio de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en todas las actuaciones de los poderes públicos relativas a la atención de las personas con discapacidad. d) Establecer, en el marco de la normativa básica estatal, el régimen de infracciones y sanciones que garantizan las condiciones básicas en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad.
La Asociación de Ayuda a la Parálisis Cerebral “Virgen del Valle” cuenta con unos Estatutos, y se rige por la Constitución Española y Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del derecho de Asociación.
